Compliance y penal económico

La responsabilidad penal de la empresa

Desde 2010 una sociedad puede ser condenada penalmente en España. El artículo 31 bis del Código Penal la hace responsable de determinados delitos cometidos en su nombre y en su beneficio por sus administradores o representantes, y también por sus empleados cuando el delito ha sido posible porque nadie ejerció sobre ellos el control debido. No es una lista abierta: solo responde de los delitos para los que el propio Código lo prevé, entre ellos la estafa, el blanqueo de capitales, los delitos contra la Hacienda Pública o el cohecho.

La misma norma ofrece una salida, y es la que interesa.

El modelo de prevención que puede eximir

El artículo 31 bis prevé que la sociedad quede exenta si, antes del delito, su órgano de administración había adoptado y ejecutado con eficacia un modelo de organización y gestión con medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de esa naturaleza, y si la supervisión del modelo estaba encargada a un órgano con poderes autónomos de iniciativa y de control. En las sociedades de pequeñas dimensiones, esa supervisión puede asumirla el propio órgano de administración.

Un modelo que solo existe en papel no exime de nada. Lo que cuenta es que funcione: riesgos identificados, procedimientos, formación, un canal para comunicar incumplimientos y un régimen disciplinario que se aplique de verdad. La norma UNE 19601, de sistemas de gestión de compliance penal, ofrece una estructura reconocida para construirlo y permite certificarlo.

Canal de denuncias

La Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas, obliga a las empresas con cincuenta o más trabajadores a tener un sistema interno de información: un canal por el que comunicar una irregularidad, también de forma anónima, con un responsable designado y la prohibición de represalias contra quien informa. Lo diseñamos, lo implantamos y lo integramos en el modelo de prevención.

Cuando ya hay un procedimiento

Si la sociedad o sus administradores están investigados, la defensa empieza por entender qué se imputa y qué se puede acreditar. Asumimos la defensa en delitos económicos y societarios, como la administración desleal, las insolvencias punibles o el blanqueo de capitales, y cuidamos que la posición de la empresa y la de las personas investigadas estén coordinadas, o separadas cuando sus intereses no coinciden.